Concejales observan fallas en primer reformulado del POA

Mediante un informe firmado por los tres concejales miembro de la Comisión Económica Financiera, los concejales Gardenia Barbosa, Alejandro Paz (MAS) y la concejala Diana Ortiz (MNR), devolvieron al ejecutivo municipal el primer reformulado del POA 2018, observando siete puntos entre ellos el incumplimiento a la ley 221 que aprueba el POA 2018.

“Habían siete puntos que como bancada le habíamos hecho notar al ejecutivo municipal y que era ineludible en el primer reformulado modificarlo en el reformulado para que se puedan cumplir los siete puntos observados de los cuales no se han cumplido”, expresó Gardenia Barbosa Concejala miembro de la comisión.

Alejandro Paz indicó, que como bancada del MAS hicieron notar al ejecutivo municipal observaciones en la aprobación del POA 2018 que se aprobó a finales del pasado año, los cuales tenían que ser modificadas en el primer reformulado.

“En la ley de aprobación se pusieron siete puntos para que el ejecutivo cumpla en su primer reformulado, y en este primer reformulado evidentemente no se está cumpliendo, ustedes saben que las leyes son de cumplimiento obligatorio, no son negociables ni según las circunstancia”, resalto.

Paz enfatizó, que los puntos a ser observados era; el tema de agua potable dentro de un proyecto que se haga cargo de la distribución de agua potable fuera de la cobertura de la Cooperativa de Agua y Alcantarillado Trinidad (COATRI), priorizar obras en el municipio trinitario que son demandadas por la población, temas referente a la circulación en las avenidas e informes técnicos contradictorios.

De manera puntual los concejales se refirieron al pago del bono a las personas con capacidades, los cuales no se la han pagado hace dos meses, “lamentablemente el alcalde a escudado el reclamo que están haciendo nuestros hermanos con discapacidad, un sector tan sensible y tan vulnerable que están exigiendo su pago, que ya debería haberse cumplido, ya son tres meses que estarían arrastrándose y el alcalde dice; esta en menos de los concejales. Son ellos quienes tienen que aprobar, sin embargo son 2,5 millones de bolivianos que están en este reformulado y en total es 20 lo que estamos viendo, entonces no podemos escudarnos porque hay una urgencia con los hermanos con discapacidad que la entendemos y que la conocemos pero no podemos por eso saltar la ley y el ejecutivo no puede aprovechar esa coyuntura para poder aprobar algo a la fuerza”, finalizó.

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