Inician proceso civil contra Ernesto Suárez y otros por Bs. 6 millones

Luego de que la Contraloría General del Estado Plurinacional en fecha de 15 de septiembre de 2016 hizo conocer el Dictamen de Responsabilidad Civil 021/2016, emitido por el Contralor General, Henry Lucas Ara Pérez, y de vencidos los plazos para que Ernesto Suárez, José Agustín Vargas Rivera, Alejandro Rivera Becerra y Hugo Chávez Roca paguen un aproximado de 6 millones de bolivianos, que no fueron ejecutados de acuerdo a Ley, es que el Gobierno Autónomo Departamental del Beni, inició el proceso coactivo civil en contra del ex prefecto y los ex funcionarios mencionados.

El Secretario de Justica de la Gobernación, Alejandro Yuja, explicó que el dictamen fue emitido en base a las auditorías específicas que se hicieron a proyectos en la provincia Vaca Diez, en la entonces subprefectura, que determinaron indicios de responsabilidad por una suma aproximada de Bs. 6 MM (Seis millones de bolivianos).

“Estos son recursos del pueblo beniano, que de acuerdo al estudio técnico que ha realizado la Contraloría, no fueron bien ejecutados, consecuentemente han determinado responsabilidad civil solidaria para estos ciudadanos, y dando cumplimiento al dictamen, en su artículo tercero, que dispone que la Secretaría de Justicia del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, en el plazo de 20 días hábiles de recibido el dictamen y las notificaciones pertinentes, debe dar inicio a la acción coactiva fiscal sobre la base de los informes de auditoría, y es así que hemos iniciado este proceso”, manifestó la autoridad.

Aclaró que se dio un plazo para que los involucrados puedan pagar el monto determinado por la Contraloría, pero que al no haber pagado la suma exigida es que se ha presentado la acción coactiva fiscal con la finalidad de recuperar los activos de la Gobernación que fueron malversados por la administración de Ernesto Suárez.

“Presentamos la demanda coactiva fiscal en contra de todos estos ciudadanos, cumpliendo mi obligación como funcionario público. Como Gobernación, así como todas las personas del departamento han quedado sorprendidos con estos resultados, porque no teníamos conocimiento, es importante que sepan que cuando ingresamos a esta Gobernación, no nos dejaron ninguna información, y todo lo que hemos ido investigando ha sido consecuencia de ciertas actitudes de algunos funcionarios que dieron lugar a encontrar una serie de acciones contrarias a la Ley que ya fueron denunciadas”, refirió Yuja.

La demanda fue presentada al Juzgado Coactivo Fiscal, que una vez que notifique a los involucrados, y se cumplan los aspectos procedimentales, se podrá dictar una sentencia para que estos ciudadanos paguen lo que le adeudan al Estado, además se está solicitando todas las garantías necesarias para que se pueda recuperar estos activos, a través del congelamiento de cuentas, embargo, y la información de todos los bienes que puedan tener estos ciudadanos, hasta alcanzar el monto adeudado y que si en el plazo establecido por el juez no hicieran el pago, se rematarán.

“De algo deben estar seguros, esta Gobernación no va a perder ni un centavo de lo que le corresponde. Y si tenemos este indicio de responsabilidad, ya será la autoridad judicial la que determine, puesto de que nosotros vamos a actuar con todo lo que nos permita la Ley para asumir y responder a esta orden que nos ha dado la Contraloría”, sostuvo el funcionario.

Asimismo aclaró que no se tratan de delitos, y que cuando la Contraloria ingresa a una institución puede determinar responsabilidades coactiva - civil o penal.

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