MDRyT y SENASAG luchan contra el contrabando
Desde la gestión 2016, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), a través del SENASAG, se delineó acciones integrales para la lucha contra el contrabando de ganado en esa región.
En la oportunidad, el director general ejecutivo del SENASAG, Mauricio Ordoñez, planteó la necesidad de proteger la frontera dejando ver que Bolivia cuenta con un estatus sanitario internacional que certifica al país libre de aftosa con vacunación, condición que debe ser salvaguarda con un trabajo integral de protección de las fronteras.
En la ocasión, el Senasag, la Gobernación de Pando, el Comando de la Policía de esta región, las alcaldías de Cobija y Bella Flor, autoridades de la Aduana Nacional, la Federación de Ganaderos de Pando, gremiales y pequeños productores acordaron trabajar colectivamente para frenar el ingreso ilegal de productos en la frontera con Brasil y Perú.
Luis Fernando Pedraza responsable Operativo de Zofra Cobija señaló que, “es la Aduana quien está autorizada para hacer los decomisos de productos, cuando Zofra encuentra algo ilegal que está queriendo ingresar a Bolivia llamamos a aduana para que active su plan de decomiso”.
Senasag y Zofra Cobija son las instituciones que despliegan personal los siete días de la semana cumpliendo turnos de 24 horas, debido a que gran parte del contrabando ingresa en horas de la noche. Aun no se tiene cifras exactas de cuantos serían los casos atendidos, ni la cantidad de productos decomisados.
Autoridades del Estado de Acre con diversas instituciones brasileñas (IDAF, Peixes da amazonia, seguridad Pública, Gobierno de Acre) y sus similares de Bolivia buscan establecer mecanismo que ayuden a ambos países a contrarrestar este tipo de ilícitos que permitan velar por la seguridad de Fronteras además de ello se busca el establecimiento de empresas dedicadas a la comercialización de productos cárnicos que beneficien económicamente a ambos estados.
Por su parte la directora de SENASAG, Andrea Torrez, destacó el accionar positivo de la población en coadyuvar a combatir el contrabando de productos, “muchas veces la gente nos llama y nos da datos de los contrabandistas (…) datos del vehículo, o alguna identificación más detallada de las personas y ya nosotros le damos seguimiento”.
Normativas y Sanciones
De acuerdo a normativas nacionales el contrabando o internación de productos ilegalmente al país se vuelve delito desde 2009. Pero en esta gestión, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Lucha Contra al Contrabando que incorpora penas que van de cuatro y a 14 años de privación de libertad y autoriza a las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana al empleo legítimo de la fuerza y uso de armas de fuego en acciones de lucha al contrabando.
La misma ley dispone que estarán exentos de responsabilidad, los servidores que encontrándose en riesgo la vida e integridad física propia o ajena, no superable de alguna manera, procedieran de oficio a la destrucción e inutilización de los medios de transporte y bienes encontrados en los operativos de lucha contra el contrabando.
El proyecto de ley sube a 15 las figuras de agravantes de los ilícitos tributarios, e incorpora las acciones de intimidación para cometer el ilícito o evitar su descubrimiento, la participación de los servidores públicos, aprovechando de su cargo, función o se encuentren vinculados al control y lucha contra el contrabando.
Adicionalmente, es agravante la acción si el ilícito es cometido en un lugar despoblado o en ocasión de una catástrofe, conmoción popular, aprovechándose de un accidente o de un informativo particular.
Se propone aplicar penas de ocho a 12 años de privación de libertad a los delitos cometidos en la omisión de tributos por mercancías superiores a las 200.000 UFVs y cuando sean menos, se aplicará una multa del 50% del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio o unidad de transporte.
A los delitos de usurpación de funciones y sustracción de prenda aduanera se aplicará una pena de privación de libertad de seis a 10 años, con restitución de mercancías o su equivalente a favor el consignante.
A los delitos de falsificación de documentos aduaneros, la asociación delictuosa, falsedad aduanera y el cohecho activo aduanero con la sanción de seis a 10 años de privación de libertad.
¿Hay Solución para el contrabando?
Usted alguna vez se ha preguntado: ¿por qué las personas compran productos de contrabando?; ¿será posible su erradicación? La respuesta es sencilla: los consumidores adquieren productos de contrabando porque alcanzan su mayor nivel de bienestar al adquirir la mayor cantidad de bienes, al menor precio posible.
Con la imposición de aranceles de importación, los productos extranjeros se encarecen y en cierta medida, existen mejores condiciones de competencia con los productos nacionales; sin embargo, el consumidor se ve afectado negativamente porque paga un precio más caro por la mercancía, dejando de comprar otros bienes para su consumo personal (inclusive sacrificando su ahorro para el futuro).
De otra forma, cuando al consumidor se le presentase la oportunidad de comprar bienes más baratos, los comprará (sin considerar si el producto es legal o ilegal), debido a que su bolsillo es lo único que le interesa.
Existe amplia evidencia que los países más pobres, son los mayores contrabandistas con las peores instituciones públicas (niveles elevados de corrupción). En muchas ocasiones, sectores contrabandistas ejercen una posición de ganancia, corrompiendo a autoridades políticas, agentes aduaneros y cuerpos de seguridad nacional (policías y ejército) con el objetivo de cumplir su propósito. Finalmente, las instituciones terminan corrompiéndose con incidencias negativas para el desarrollo del país en el largo plazo.
Frente a lo anterior, surge el gran cuestionamiento: ¿cómo eliminar el contrabando? La única forma de realizarlo efectivamente es con el libre comercio; es decir, eliminando los aranceles de las importaciones (de forma independiente si los otros países lo realizan o no); una obviedad, sin posibilidades de equivocación.
Cuando una mercadería ingresa libremente al país, sin necesidad de pagar impuestos, nadie corrompería el sistema, todos se beneficiarían del comercio internacional: los consumidores comprarían productos más baratos y las empresas nacionales serían más competitivas con la finalidad de obtener la supervivencia en un entorno altamente competitivo. Es posible, que existan cambios sectoriales, donde aquellas empresas menos eficientes tendrán que migrar hacia otros sectores donde puedan competir.
Milton Friedman (premio nobel en Economía, 1976), en junio del 2017 en una entrevista con la Red Erbol, planteó una propuesta de libre comercio, basado en una transición con reducción gradual y total en los aranceles en un plazo de cinco años, para que las empresas y los agentes económicos, en general, se vayan ajustando a la libre competencia.
Para las finanzas del gobierno, una reducción en los aranceles de importación, implicaría un descenso en las arcas del estado (450 millones de dólares por año en Bolivia), sin la posibilidad tendrían de verse compensado con un aumento o creación de otros impuestos; por el contrario, se debería reflejar una contracción en los niveles del gasto público.
Los individuos corrompen las normas porque desconfían del marco regulatorio vigente o porque piensan que las prohibiciones no son lo suficientemente adecuadas para su nivel de bienestar deseado. En suma, el libre comercio es un mecanismo efectivo para eliminar el contrabando como una meta de mediano plazo; de otra manera, el ingreso ilegal de mercaderías siempre existirá.
¿Y usted como ciudadano cree que está de acuerdo con el contrabando de productos, sin importar el daño económico que causa al país en bien de desarrollo para su ciudad?
