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Hacinamiento carcelario en estado crítico


El Defensor del Pueblo en su visita a Cobija informo sobre un hacinamiento carcelario preocupante en todo el País y planteo promover un decreto presidencial para indultar presos con penas menores o pendientes, ya que desde 2012 el número de privados de libertad se ha incrementado a un total de 14.816, ocasionando que el hacinamiento en diferentes centros penitenciarios se convierta en un problema crítico casi insostenible.

El número de beneficiarios con el indulto, de octubre de 2012 a junio de 2016, suma un total de 1.458 personas. La cifra de privados se ha incrementado a 14.816 personas hasta junio de 2016. Y de este total, 4.698 tienen sentencia, pero 10.118 tienen detención preventiva; asimismo, 13.635 (92%) son varones y 1.181 (8%) son mujeres.

Según el defensor del pueblo, “La población penitenciaria fue incrementándose en los últimos años, necesitamos un indulto que tenga más alcance que los anteriores porque los anteriores deberían reducir el número de privados de libertad y solo lo mantuvieron, esperamos para este próximo 24 de septiembre un Decreto de Indulto con mayores alcances y como es el día del privado de libertad, estamos confiados en tener un decreto presidencial revisado y aprobado”

Según datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, se reportan 27 penales en todo el País, con una población carcelaria de 14.816 privados de libertad que viven en un espacio donde caben sólo 5.061 personas, en una superficie promedio de 2,41 metros cuadrados cuando el requerimiento mínimo por privado de libertad es de cuatro metros en un ambiente compartido.

La responsable de sistematización de Cáritas, María del Carmen Michel, informo en contacto telefónico con El Progreso de Pando, que de los 14.816 privados de libertad del país, el 84 por ciento continúa sin sentencia condenatoria y solamente un 16 por ciento cumple su condena; así, la situación de hacinamiento se agrava porque la mayor parte cohabita en pequeñas celdas, a veces con sus esposas e hijos.

Según Michel hasta 2016, más de 900 niños y niñas entre seis y 12 años vivían junto a sus padres en las cárceles; esta cifra se redujo con relación a 2007 cuando había 1.409 menores de edad.

En Villas Busch, la población del penal está compuesta por más de 250 varones y una veintena de mujeres, mismas que llegan con hijos, los que pasan a vivir en el penal.

Dentro del penal se observa la existencia de carpintería que permite a muchos reclusos el generar ingresos para sus familias.

La funcionaria dijo que la atención psicológica, médica y alimentaria es muy precaria porque hay un psiquiatra que atiende a 7.136 reclusos, un cocinero por cada 2.379, un odontólogo por cada 1.784, una trabajadora social por cada 1.189, un abogado por 1.098 y un médico por 1.019 personas privadas de libertad.

Para Tezanos, se evidencia la urgencia de implementar medidas políticas que posibiliten la reducción de los altos niveles de hacinamiento.

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