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Morales asegura que el paro de 72 horas que anunció la COB es "ilegal"


El presidente Evo Morales aseguró el martes que el paro de 72 horas que anunció la Central Obrera Boliviana (COB) (miércoles, jueves y viernes), en exigencia de la anulación de la norma que establece el cierre de Enatex, es "ilegal" porque no existe una demanda nacional y estructural de por medio. "Es su derecho, pero es un paro ilegal no justifica, qué demanda (hay) de carácter nacional, estructural, además no hay paro", indicó en entrevista con radio Atipiri, de la ciudad de El Alto.

Ayer, el principal dirigente de la COB, Guido Mitma, tras un ampliado nacional que se realizó en la ciudad de La Paz, ratificó el paro de labores de 72 horas y anunció que se efectuarán marchas callejeras y bloqueo de vías. Morales manifestó que el conflicto por el que optó la dirigencia cobista tiene que ver con 180 trabajadores que aún no cobraron su finiquito, porque más de 800 exempleados de la textilera ya lo hicieron y aseveró que por ese número no se puede paralizar el país. "¿Por 180 trabajadores vamos a parar el país?, ese tema resolvemos, me ofrecí, hay que crear comisión social les damos casa, a algunos les falta un año para jubilarse hagamos por un año que trabajen en otra empresa", señaló. El jefe de Estado cuestionó el "doble discurso" de algunos dirigentes de la COB, organización sindical que -dijo- es llevada por los militantes del Partido Obrero Revolucionario (POR) y de la derecha a un total "desprestigio". El Presidente rechazó que el Gobierno que preside sea de corte neoliberal como acusaron los dirigentes movilizados y aclaró que no está privatizando empresas, sino está velando por la economía nacional y el bienestar de todos los bolivianos. "Las empresas deben ser sostenibles, hay épocas de inversión, pero después deben levantarse, no estamos privatizando va cambiar de razón social, pero necesita poca gente para levantarse", dijo.

La COB cumplió el lunes 20 un paro de 24 horas, posteriormente el 23 y 24 declaró un paro de 48 horas; sin embargo, de acuerdo con el balance del Gobierno sólo algunos maestros, trabajadores de la seguridad social y empleados de unas cuantas fábricas acataron la medida.

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