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Encarcelan a cuatro y dan medidas sustitutivas a una gestante por suplantar a hijo de Zapata


El Ministerio Público informó ayer domingo, que se logró la detención preventiva en distintos centros penitenciarios, para cuatro de los imputados implicados en la suplantación del supuesto hijo de la exgerente comercial de la empresa china CAM-C, Gabriela Zapata, y del presidente Evo Morales, mientras que una quinta involucrada fue beneficiada con medidas sustitutivas porque se encuentra en estado de gestación.

"En resguardo de los intereses del menor, el Ministerio Público ha logrado determinar la verdad material de este hecho en base a prueba documental debidamente obtenida y luego de haber individualizado a todos los partícipes de este hecho es que realizó un operativo a la cabeza de la Fiscalía para dar con el paradero del niño que fue utilizado por los imputados como si se tratase del hijo de Zapata, en consecuencia estamos restituyendo los derechos del menor", señaló el Fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.

Los detenidos están implicados en la presunta comisión de los delitos de trata de personas, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, engaño a personas incapaces y asociación delictuosa.

En la audiencia de medidas cautelares, la comisión de fiscales detalló la relación de los hechos respecto a que los hijos de Pilar Guzmán, imputada por los mismos delitos, es decir Claudio Rivera Guzmán y Andrea Montesinos Guzmán, en coordinación con su esposo Wilson Garrido, además de los padres del menor, Isela Chávez y Víctor Vega, presentaron al infante con el objetivo de beneficiarse económicamente con dinero y dadivas ofrecidas por Zapata.

Según las declaraciones de los imputados ante la comisión de fiscales, a insistencia de Zapata de conseguir un niño para que se haga pasar por su hijo, Rivera se contactó con su amiga Chávez, a quien le ofreció una alta suma de dinero, además de la colegiatura pagada del menor en una prestigiosa unidad educativa de La Paz.

En ese marco, los imputados trasladaron el 11 y 12 de abril pasado al menor a la casa de Zapata, ubicada en la urbanización de La Rinconada de la zona sur de La Paz, para que fungiese como hijo de la imputada ante la Jueza de la Niñez y Adolescencia, Jaqueline Rada, su equipo técnico y la abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Rosa Coarite.

"En la presentación ante la jueza y posterior entrevista ofrecida a la cadena televisiva internacional CNN, en fecha 5 de mayo pasado, el menor aseguró que era hijo de Zapata y Morales como le enseñaron los imputados, quienes de esa manera obstruyeron la sana administración de justicia y vulneraron el derecho a la identidad del infante", señala un boletín de prensa.

En esa dirección, la comisión de fiscales mostró ante la autoridad jurisdiccional las pruebas colectadas y declaraciones de los imputados que se constituyen en indicios suficientes que determinan la probabilidad de autoría.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, el accionar de los imputados se subsume a los cuatro tipos penales mencionados con anterioridad, toda vez que, por medio de engaños y abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, presentaron al menor, previo negociado económico con los progenitores.

En consecuencia, la comisión de fiscales solicitó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para los varones, en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes para Isela Chávez, y medidas sustitutivas con arraigo para Andrea Guzmán, quien deberá presentar dos garantes debido a que cursa una gestación de seis meses.

Asimismo, el Ministerio Público citó el artículo 281 del Código de Procedimiento Penal para solicitar que la sanción de los imputados por el delito de trata de personas sea agravada en un tercio por la relación de parentesco con el menor.

Además, los fiscales argumentaron la concurrencia de riesgos procesales, tales como la no acreditación de un domicilio, trabajo o familia, lo que hace presumir que tiene las facilidades para abandonar el país o permanecer ocultos.

También evidenciaron el comportamiento de los imputados, quienes podrían entorpecer y obstaculizar la averiguación de la verdad, influir en el resto de los investigados para que informen falsamente, o se comporten de manera reticente, entre otros riesgos procesales.

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