Ministro denuncia organización criminal Zapata- Choque
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció la formación de una organización criminal que operaba desde la Unidad de Gestión Social a la cabeza de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales y Cristina Choque, exjefa de esa unidad, además de otras personas, para lograr "megabeneficios" económicos.
En conferencia de prensa, la autoridad dijo que en esas instalaciones se configuró una "verdadera organización criminal" en complicidad de Ricardo Alegría Sequeiros, Sigfredo Antelo Suárez (prófugo) y Carlos Marvin Ramírez, entre otros de "menor peso" y "menor relevancia".
"La señora Zapata y la señora Choque montaron una verdadera organización criminal", aseveró. Quintana dijo que esas personas "convirtieron la Unidad de Gestión Social en una oficina de negocios privados" porque, según los libros de visitas mantenían recurrentes encuentros en diferentes horarios.
En una explicación audiovisual, el Ministro de la Presidencia detalló las horas y visitas realizadas y reveló sus hojas de vida y los movimientos internacionales que realizaron.
Indicó que Alegría, Sequeiros y Ramírez estaban vinculados a instituciones públicas, empresarios nacionales y extranjeros y manejaban la parte económica de los negocios.
"Montaron una verdadera organización criminal con la cual obtuvieron réditos económicos", aseguró.
El Ministro de la Presidencia manifestó que esa organización criminal operaba en Bolivia, Paraguay y Panamá.
"El día de ayer en la Fiscalía se han abierto los sobres que contienen documentos de varias empresas que circulaban en las oficinas de Cristina Choque", mencionó.
Ante ese hecho, Quintana convocó a declarar voluntariamente a todos los empresarios que visitaron la Unidad de Gestión Social y realizaron negocios con esa "organización criminal" ante la Fiscalía.
"Voy a pedir que todos esos empresarios que se presenten voluntariamente a la Fiscalía General del Estado a explicar, informar y declarar voluntariamente las razones por las cuales visitaban recurrentemente la Unidad de Gestión Social", manifestó.
Finalmente, la autoridad explicó que esa investigación se realizó en base a la copia legal de los registros del Ministerio de la Presidencia, solicitados al Instituto de Investigación Forense (IDIF).
Aclaró que no desapareció ningún registro del Ministerio de la Presidencia "en ningún momento y bajo ninguna circunstancia".
"Para respaldar que no desaparecieron los libros, aquí está el acta de secuestro de los libros", indicó con documentos en mano.
Quintana dijo que todas esas pruebas y conjunto de evidencias serán puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para que puedan ser usadas en el proceso penal que corresponde.
"Este es el caso más escabroso delos últimos años, estamos al frente de una organización criminal que ha tenido la capacidad de articular personas y utilizar espacios públicos, planificar delitos y gestionar chantaje y extorsión para beneficios económicos", afirmó.
