Mineros cooperativistas se traían en manos plan golpista en Bolivia

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló las múltiples aristas de una desbaratada intentona golpista en Bolivia que escondieron las violentas protestas generadas por mineros cooperativistas que saldaron el jueves último con el asesinato del viceministro de Gobierno, Rodolfo Illanes, y que apuntaban a cambiar el constitucional régimen económico en el país andino amazónico. "Eso ya no es movimiento reivindicativo, es un movimiento conspirativo, político, golpista. No solamente está planteando una modificación estructural de la política económica del Estado referida a los recursos naturales", denunció Romero en declaraciones a la radio y televisión estatales. A horas de que los despojos mortales de Illanes sean sepultados y poco antes de que el principal dirigente de la Fencomin, Carlos Mamani, sea enviado por un juez a una cárcel de máxima seguridad a 20 km de La Paz, el Ministro reveló detalles de la ominosa muerte de Illanes --flagelado antes de ser rematado a pedradas por sus captores, una horda de mineros cooperativistas, y también de una estratagema para matar, con explosivos dispuestos en lógica de campo minado, a policías, tal vez 200 según Romero, si los uniformados caían en la trampa y se emplazaban en un cerro donde se encontró pólvora, anfo y detonantes como volar un edificio de 30 plantas-- dijo que se pretendía desatar una crisis política de proporciones en Bolivia, todo para validar 31 contratos con empresas extranjeras. El plan, "conspirativo-golpista", como definió el gobierno de Evo Morales el fondo de los violentos cortes de ruta ejecutados por mineros cooperativistas o por cuenta propia, apuntaba a validar los 31 contratos con empresas extranjeras, suscriptos por capos cooperativistas, bajo la fachada de modificar la recentísima Ley de Minería, que fue propuesta y validada por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) que agrupa a unos 200.000. "Los cooperativistas mineros tienen 31 contratos suscritos con empresas privadas, que datan de antes de la actual Ley Minera, y pese a esa situación demandan mayores beneficios en desmedro del pueblo boliviano", desveló Romero. Los contratos con privados foráneos, suscriptos por capos de la minería cooperativa a contrapelo de la Constitución, tienen una vigencia de 25 años y algunos, incluso, tienen carácter indefinido, los que no fueron conocidos y menos autorizados por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Después de recordar que los principales dirigentes de Fencomin amenazaron hasta con tomar instituciones, si el Gobierno impedía la inserción de capitales extranjeros en sus explotaciones, el Ministro comparó la intentona de la semanas pasada y anteúltima, en desmedro de la principal carretera boliviana, con los alzamientos de 2008 y 2009 por grupos focales de ultraderecha, principalmente en la ciudad de Santa Cruz. "El movimiento del cooperativismo y la amenaza de la toma de instituciones públicas hacen recuerdo al movimiento cívico separatista denominado "Media Luna", que a través de la violencia y el uso de la fuerza intentaron desmembrar el oriente del occidente de Bolivia", deploró la autoridad boliviana. De manera hasta altisonante e irreverente con la autoridad constituida, la Fencomin planteó, en la orilla de la intransigencia, la modificación estructural de la política económica para que bajo la fachada de cooperativas ingresen las empresas privadas transnacionales a explorar las áreas mineras asignadas a cooperativas gozando de las liberalidades, facilidades y ventajas, dijo Romero. Los mineros cooperativistas bolivianos reconocen el pago de impuestos subeconómicos y no regalías, pese a explotar sus yacimientos con métodos arcaicos que implican el uso indiscriminado de explosivo y hasta de mercurio. "Se intentaba apropiarse de las utilidades y excedente económico del pueblo boliviano para pequeños grupos, empresas privadas extranjeras afectando en esencia la Constitución que declara que los recursos naturales es propiedad de bolivianos", enfatizó el Ministro. Detalló que el plan conspirativo de "connotación golpista" constaba de siete ejes de planificación, entre esos, mencionó organización de la movilización, definición de la consigna, elección del escenario de operaciones (trincheras y puntos de abastecimiento de explosivos), financiamiento, logística y suministro de un arsenal de armas letales para provocar graves daños, incluso cientos de bajas (la muerte de personas). Dijo que la conspiración contaba con una suerte de estado mayor bajo la dirigencia de la Fencomin, asesores y abogados, entre los que identificó a Jaime Zambrana Mercado, Mirtha Quevedo, Freddy Ontiveros e Iván Paredes. Romero hizo notar que en calidad de manifestante, uno de los 4.000 mineros que accionaron las localidades de Panduro y Belén, donde ajusticiaron a Illanes, fue detenido la semana pasada con divisas extranjeras, miles de bolivianos y cheques por montos altos también en dólares.

Entierran en paz a viceministro Rodolfo Illanes

Familiares, amistades, autoridades y pueblo bolivianos tributaron el último adiós en el Cementerio General de La Paz al malogrado viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, secuestrado y asesinado el jueves por un grupo de cooperativistas mineros en una zona del altiplano boliviano. Los despojos mortales de Illanes, tenido como un luchador social, fueron depositados en una cripta del Cementerio General de La Paz en medio de congoja general pero en paz. El presidente Evo Morales elevó a la categoría de héroe nacional por la defensa de los recursos naturales del país a Illanes, asesinado por mineros por cuenta propia el jueves en la localidad de Panduro. Entre viernes y domingo, los restos de Illanes fueron velados en la Capilla Ardiente y Guardia de Honor de los Colorados de Bolivia, Colegio Militar y la Academia Nacional de Policías en Palacio de Gobierno, Viceministerio de Régimen Interior y Casa de Funerales Santa María.

El cortejo fúnebre partió de la Av. Busch y el féretro fue llevado en hombros por ministros de Estado y familiares y escoltado hasta la calle Héroes del Pacífico por el Estado Mayor de Policía y autoridades que acompañaba a la familia doliente. Ante de la misa de cuerpo presente, el Comando General de la Policía, rindió homenaje póstumo y otorgó condecoración póstuma al Valor.

Juez envía a líder de mineros alzados a cárcel de máxima seguridad

La juez séptima de Instrucción en lo Penal de El Alto, Ana Giorgina Dorado, resolvió en la madrugada del domingo enviar a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro el mandamás de la Federacion Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani Copa, grupo de cuyos afilados asesinó el jueves último tras torturarlo al viceminsitro de Régimen Interior de Bolivia, Rofolfo Illanes. Dorado ordenó también poner tras de rejas de la misma penitenciaría, emplazada en el gélido altiplano boliviano, a aa 20 km de la ciudad de La Paz, a otros 4 dirigentes, sospechados de la autoría material e intelectual del crimen quer tiene a Bolivia en estado de crispación. También ordenó el encarcelamiento en la penitenciaría de Patacamaya, a 100 km de La Paz, del último de los dirigentes de Fencomin, aprehendido después de la horrenda muerte de Illanes a manos de un grupo de 100 de ellos. "Se resuelve la detención preventiva para estos 6 ciudadanos imputados por el Ministerio Público por el delito de asesinato y otros cargos penales", dicó la Juez. La resolución judicial se hizo pública antes que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el comandante deparamental de Bombero de La Paz, Carlos Ramírez, revelaran, en declaraciones por separado a la televisión pública, detalles de la flagelación que sufrió Illanes por su captores que le obligaron a subir un cerro de rodillas hasta quedar fracturadas antes de rematarlo a pedradas y también, en lo que incumbe al uniformado, la instalación de un sistema de explosivos, con lógica de campo minado, para matar, si la Policía hubiese caído en la trampa de un movimiento envolvente en una serranía de la convulsa, el jueves, localidad altiplánica de Panduro, que hubiese matado a 200 efectivos, según estimaciones de especializados. "Tras una exhaustiva investigación la comisión de fiscales determinó la participación de los imputados en la muerte del Viceministro, en algunos casos en grado de autoría y en otros en grado de complicidad, por lo que la autoridad jurisdiccional falló por la detención preventiva, en apego a lo solicitado por el Ministerio Público", indicó el fiscal departamental, Edwin Blanco. La audiencia que se inició pasada las 21h00 del sábado se prolongó hasta las 05h30 del domingo, en la que la juez resolvió la extrema medida contra Carlos Mamani, Carlos Castro Manuel, René Cochi, Roberto Durán, Silvestre Flores y a Julián Pinto Condori, este último al centro de reclusión de Patacamaya. En la audiencia, la comisión de fiscales fundamentó la imputación sobre los luctuosos sucesos en el bloqueo instalado el pasado jueves en la localidad altiplánica de Panduro, a 186 km de La Paz, donde fue ajusticiado Illanes que quiso mediar en el conflicto desatado por los mineros cooperativistas que demandaban energía gratis para sus explotaciones al margen de la preservación medioambiental, además de adversar el derecho de sindicalización de sus trabajadores y, a contrapelo de la Constitución, autorización para suscribir de cuenta propia contratos con capitalistas foráneos. La relación de los hechos establece que los imputados en compañía de un centenar de cooperativistas mineros secuestraron al malogrado Viceministro para llevarlo a la comunidad de Belén en el cerro Pucara donde, con alevosía, ensañamiento y premeditación le quitaron la vida a golpes, hacia las 18h00 del jueves. En la audiencia exhibieron el certificado de defunción de Illanes que revela lesión de centros nerviosos superiores; lesión vascular y nerviosa; hemorragia subdural, subcranoidea; edema cerebral; traumatismo cráneo encefálico y politraumatismo facial, toráxico, genital y de extremidades. En el marco de las investigaciones del hecho, la comisión de fiscales colectó declaraciones, actas de allanamiento, requisas y otros elementos de convicción que apuntan a los imputados como los presuntos autores de los delitos imputados. La Juez valoró también los riesgos procesales expuestos por los fiscales, tales como: el peligro de obstaculización ya que los imputados podrán modificar, destruir y ocultar la prueba.

También se evidenció que los imputados pueden influir en las bases de mineros que se encontraban en el lugar de los hechos para que se comporten de manera reticente y declaren falsamente. De acuerdo con la resolución de imputación, Mamani es acusado por los delitos "de asesinato; robo agravado; organización criminal; tenencia y porte o portación ilícita; y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, en grado de autoría".

Castro y Pinto fueron imputados por los mismos delitos, pero en grado de complicidad y en el marco de lo que establece la Ley 1970.

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