Gobierno sella acuerdo con discapacitados, pero movilizados continúan con sus medidas
Los representantes departamentales y dirigentes de cinco federaciones nacionales de las personas con discapacidad alcanzaron ayer un acuerdo con la comisión de gobierno para dar una solución estructural al problema del sector.
Mientras el documento era suscrito por la dirigencia de las personas con discapacidad, en el auditorio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en la zona de Sopocachi, el grupo movilizado, junto con personas que lo apoyan, intentaba —de forma violenta— ingresar a la plaza Murillo y rechazaba el acuerdo alcanzado.
El acuerdo tiene 42 puntos, en seis áreas. “Llegamos a acuerdos importantísimos en distintas áreas, como en salud, educación, trabajo, empleo, vivienda, productividad, créditos y también en el fortalecimiento de las organizaciones que acogen a miles de personas con discapacidad”, resumió el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Gabinete social En relación al bono mensual que demanda el sector movilizado, el ministro Quintana explicó que se estableció la constitución de una comisión que, en el marco de la mesa nacional, permita a representantes de las Federaciones y el gabinete social estudiar, analizar y evaluar las medidas que se van a adoptar como Estado en favor de las personas que tienen discapacidad grave y muy grave.
Acuerdos El primer aspecto que destaca de la negociación es la creación de un sistema de información socio-económico y de salud de personas con discapacidad para realizar un seguimiento al apoyo que necesitan y el que reciben.
En el área de educación se aplicará el programa de educación socio-comunitaria a domicilio, capacitación a padres, madres y tutores; la creación de 20 centros de educación especial para formación técnica, creación de ítems para personal de apoyo en la educación regular, programa para estudiantes con discapacidad múltiple, autismo y síndrome de Down, formación de intérpretes de la lengua de señas.
En salud se incluyen 20 puntos. Destacan la posibilidad de otorgar el carnet indefinido para personas con grado de discapacidad grave o muy grave, inclusión de algunos medicamentos, reducción de la cantidad de requisitos para acceder al carnet de discapacitado de 10 a cuatro y las reevaluaciones para la calificación del grado de discapacidad. Además, se distribuirán médicos especializados en psiquiatría,
neurología, fisioterapia, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales en los nueve departamentos. Se contempla también la socialización y campañas informativas para el trato preferencial a personas con discapacidad y el análisis para la libre importación de medicamentos para este sector.
Vivienda En el área de vivienda se acordó la dotación de 920 casas en el país y la creación de un sistema de evaluación para el acceso a éstas mediante subsidio o crédito.
dotación de empleos En el área de empleo se acordó la incorporación inmediata de personas con discapacidad en la administración pública, la creación de una ley para garantizar su inserción laboral en el ámbito público y privado, la capacitación técnica laboral de 500 personas e implementar un registro georreferenciado para la incorporación de proyectos sociales.
También se acordó crear proyectos productivos y ferias para los emprendimientos de las personas con discapacidad a través del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (FNSE), además de otorgar el sello ‘Hecho en Bolivia’ a productos elaborados por este sector.
Créditos En lo económico se elaborará un reglamento para que puedan acceder a créditos de vivienda social y créditos productivos; la creación de centros de acogida y rehabilitación, además de la entrega de bienes incautados para las sedes de las organizaciones.
Conformidad La dirigencia del sector manifestó su conformidad con los logros obtenidos. “Llegamos a acuerdos inmediatos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”, dijo Roberto Nacho, presidente de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad.
Movilizados En la mañana los movilizados aceptaron acudir al diálogo, pero al final no lo hicieron y enviaron dos cartas a los presidentes de las cámaras legislativas para pedir una reunión con el Presidente.
Con un piquete de huelga de hambre en el centro de La Paz respondieron las personas con discapacidad al acuerdo de 42 puntos que sucribió ayer el Gobierno con un sector, que no participó de la movilización para exigir un bono de Bs 500 mensual.
Según el dirigente de este sector movilizado, David Cayo, la comisión de ministros no les habría esperado y sellaron el pacto con dirigentes orgánicos de los nueve departamentos.
Debido a esto, los movilizados reforzaron la vigilia y, enseguida, cuatro de ellos (Alex Collarama, Patricia Salazar, Juan Carlos Herrera y Petrona Churqui) instalaron una huelga de hambre, desconociendo el acuerdo.
